Amnistía a la amnistía

A la hora de mojarme y hablar sobre la amnistía, no puedo evitar confesar que, en un primer momento, me mostré reticente a la utilización de dicho instrumento para lograr la investidura de un gobierno de izquierdas. No es compatible la cesión constante al independentismo burgués catalán en aras de mantener cierta estabilidad gubernamental con el modelo de república federal que tengo en la cabeza: una república en la que todas las Comunidades Autónomas tienen los mismos derechos, deberes y oportunidades a la hora de desarrollar sus políticas en el marco del Estado español. Es evidente que la situación actual genera un agravio comparativo entre Comunidades, en tanto que estas son de primer o segundo nivel en función del número de diputados que sus partidos regionalistas o nacionalistas tienen en el Congreso de los Diputados.

Ahora bien, una vez argumentada mi oposición a la amnistía, he de decir que me parece absurdo pensar que estamos asistiendo a la destrucción del Estado español tal y como lo hemos conocido hasta hoy. El Partido Socialista Obrero Español, a través de su líder, está facultado para buscar en el marco de la Constitución los instrumentos que le otorguen posibilidades de llegar al Gobierno. Y corresponderá al Tribunal Constitucional, de acuerdo con el artículo 161 de la Constitución Española, determinar si dichos instrumentos son compatibles o no con nuestro orden jurisdiccional. Cualquier otro juicio de valor al respecto, incluyendo el emitido por el Consejo General del Poder Judicial, no deja de ser una valoración política sobre la supuesta legitimidad de la amnistía. Así, es evidente que la derecha política, judicial y mediática se opondrá a cualquier medida que suponga la investidura de Pedro Sánchez, siendo irrelevante la naturaleza de esta. Se oponen no por la deseabilidad o la legitimidad de la medida -en ese caso se habrían manifestado contra las múltiples cesiones de Aznar al independentismo catalán-, sino por lo que esta supone: cuatro años más de gobierno progresista en España.

El núcleo de la cuestión es ese: ni se esperaban los resultados electorales del 23-J, ni serán capaces de aceptar una legislatura más de un gobierno compuesto por el PSOE y Sumar. Las opiniones contra la amnistía no son otra cosa que opiniones contra el gobierno progresista; el odio vertido es la canalización de la repulsa hacia las políticas de izquierdas. 

En cuanto a considerar un acierto, o no, la estrategia política de Pedro Sánchez de conceder la amnistía, tengo mis serias dudas. Por una parte, es cierto que lograr la investidura y quedarse en Moncloa será un hito histórico para la democracia española, y permitirá, al menos de momento, culminar la acción gubernamental que se ha venido desarrollando en los últimos cinco años. De otro lado, quizás habría sido prudente esperar a la repetición electoral, con el riesgo que ello conlleva. La concesión de la amnistía es, en mi opinión, potencialmente desfavorable en términos electorales para el PSOE. Los argumentos electorales contrarios son de fácil construcción y serán un arma arrojadiza que el Partido Popular utilizará en el futuro. Con esto afirmo que el Partido Popular desearía la consecución de la amnistía: es la excusa perfecta para cuestionar una vez más, al estilo más trumpista, la legitimidad del gobierno. Gobierno que, por otra parte, será perfectamente legítimo en caso de lograr la mayoría necesaria en el Congreso de los Diputados.

Volviendo a la conveniencia de la amnistía para el Estado español, creo que esta está más cerca de ser la tumba temporal -jamás definitiva- del independentismo catalán, que la causa de la destrucción de España. Reiniciar y empezar de cero, borrón y cuenta nueva: despojar al nacionalismo catalán de argumentos y de mártires, reducir su capacidad de reivindicación, y seguir el camino de diálogo que ha sepultado al independentismo en los últimos comicios.

Para terminar, me gustaría exponer la modificación del sistema político que, en mi opinión y en la de algunos amigos y compañeros, acabaría con el problema de la dependencia de partidos nacionalistas para asegurar la gobernabilidad. En primer lugar, la prohibición de partidos de espíritu independentista en el Congreso de los Diputados, así como la necesidad de concurrir a circunscripciones electorales de provincias de distintas Comunidades Autónomas, haciendo del Congreso una cámara más generalista. De otro lado, de acuerdo con el artículo 69.1, convertir el Senado en una cámara de representatividad territorial efectiva, en la que los senadores elegidos en cada provincia defiendan los intereses de esta y de su Comunidad Autónoma. Así, en el Senado cabrían los partidos nacionalistas, pudiendo estos ejercitar su acción política sin que la estabilidad dependa de ello. Al estar representadas todas las provincias y Comunidades Autónomas en el Senado y ser estas defendidas por los senadores elegidos a tal efecto, se reduciría el agravio comparativo entre regiones que sufrimos actualmente.

La amnistía es un parche más que, a largo plazo, no solucionará el conflicto independentista entre Cataluña y España. La reacción de la derecha a ella, un rechazo a los mecanismos democráticos que, si todo sigue su curso, harán que Pedro Sánchez sea próximamente investido Presidente del Gobierno.